El poder amordazado by Jesus Villegas

autor:Jesus Villegas [Villegas, Jesus]
La lengua: spa
Format: epub, mobi
ISBN: 9788499424712
editor: Península
publicado: 2015-12-31T16:00:00+00:00

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EL CASO MARI LUZ: EL ESPANTOSO FRACASO DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA

EXCUSAS PARA UNA HUELGA: UNA VICEPRESIDENTA BOCAZAS

E

l 13 de enero de 2008 una niña de cinco años llamada Mari Luz fue asesinada por un pederasta. Un suceso espantoso que, por sí solo, habría bastado para conmocionar un país entero. En este caso, además, concurrieron otras circunstancias especialmente indignantes. Y es que, según la prensa, si no hubiera sido por culpa de un intolerable retraso judicial, se habría evitado la desgracia. En 2003 el criminal ya había sido condenado por abusos sexuales. Sin embargo, cinco años más tarde, todavía no había ingresado en prisión. La orden de detención recayó el día después de que la pequeña hubiese perdido la vida. ¿A qué habían esperado los tribunales?

Un clamor popular se levantó contra el titular del juzgado sevillano que había tardado tanto en dar cumplimiento a la sentencia condenatoria. Se trata del magistrado Rafael Tirado, que, de la noche a la mañana, se convirtió en un villano nacional, hasta el punto de que su nombre casi hizo olvidar el del autor del crimen. La opinión pública pidió un castigo ejemplar para el magistrado, a quien se hizo responsable de la calamidad.

¿Quién se atrevería a defender a semejante juez?

La historia la escriben los vencedores. Y son ellos quienes han convertido a Tirado en un mal ejemplo. Es la versión oficial. Pero, si se tiene la valentía de nadar a contracorriente, se descubre otra realidad, llena de incómodas sorpresas. Lo que voy a contar a continuación va a molestar, y tal vez a ofender, a los jueces y a los que no lo son.

Al magistrado se le abrió un expediente disciplinario. La tramitación de éstos corresponde al Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de la judicatura cuyos miembros, desde la reforma de 1985, son elegidos por los grupos parlamentarios. Antes los propios jueces votaban a una parte de los consejeros, pero se los privó de esa facultad para evitar el corporativismo judicial. Por ejemplo, para que en un caso como éste no hicieran la vista gorda ante una negligencia. No obstante, los políticos parecían no tenerlas todas consigo. Aunque ellos habían pactado la composición del Consejo que habría de resolver el caso, existía la posibilidad de que el CGPJ no se atreviera a sancionar a un juez.

El 10 de septiembre de 2008, el Consejo impuso al magistrado una multa de 1.500 euros. Nada más. Muchos creyeron detectar una muestra del tan temido corporativismo. Se les antojaba una respuesta muy blanda. La fiscalía se aprestó a interponer un recurso para que se suspendiese a Rafael Tirado de empleo y sueldo durante tres años. En una entrevista histórica concedida al diario El País el 5 de octubre de ese año, la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, terció en la polémica en estos términos: «He manifestado mi absoluta discrepancia con esa sanción. Me parece gravísimo que eso pueda quedar en una multa. Espero que prospere el recurso de la fiscalía».

Tales palabras cayeron como una bomba cuya onda expansiva hizo temblar los cimientos del poder judicial.

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